En defensa de los servicios públicos

Se avecinan tiempos difíciles para los servicios públicos. La crisis actual del capitalismo, impulsada una vez más por la lógica del beneficio privado y el egoísmo económico, arrastra a la sociedad hacia una situación cada vez más injusta y desigual.

En este contexto, la política económica desplegada tras la guerra entre Rusia y Ucrania está llevando a numerosos gobiernos europeos a aumentar el gasto en defensa. Ese incremento no será inocuo para la mayoría social: se traducirá en nuevas presiones, nuevos recortes y un nuevo deterioro de los servicios públicos, que desde finales del siglo pasado ya vienen resistiendo el ataque continuado de las políticas neoliberales.

La crisis actual del capitalismo arrastra a la sociedad hacia una situación cada vez más injusta y desigual.

Una conquista social, no una concesión

Los servicios públicos y los servicios sociales no son un lujo, ni una concesión graciable, ni un gasto prescindible. Son una conquista colectiva, arrancada con décadas de luchas obreras, sociales y vecinales para garantizar una vida digna al conjunto de la población.

Los servicios públicos y los servicios sociales no son un lujo, son una conquista colectiva,

Durante siglos, las personas trabajadoras, enfermas o mayores fueron empujadas a depender de la caridad, la beneficencia o el apoyo familiar. Fue gracias a las luchas sociales del siglo XX que muchos pueblos conquistaron sistemas públicos de pensiones, sanidad, educación y servicios sociales, basados en la solidaridad y en la convicción de que toda persona tiene derecho a vivir con dignidad.

Un deterioro planificado

Hoy, sin embargo, esos derechos están siendo debilitados de forma sistemática. Desde hace décadas, los recortes, las privatizaciones y las externalizaciones erosionan los servicios públicos: se reducen plantillas, empeoran las condiciones laborales, aumentan las listas de espera y se desvía dinero público hacia empresas privadas que convierten derechos básicos en una fuente de negocio.

No estamos ante fallos aislados ni ante una supuesta ineficacia inevitable de lo público. Estamos ante decisiones políticas que deterioran deliberadamente los servicios comunes para abrir espacio al mercado.

Estamos ante decisiones políticas que deterioran deliberadamente los servicios comunes para abrir espacio al mercado.

Las consecuencias ya son visibles:

• Sanidad saturada.
• Servicios sociales insuficientes.
• Atención a la dependencia desbordada.
• Residencias privatizadas.
• Abandono de personas mayores.
• Sobrecarga de las familias, especialmente de las mujeres cuidadoras.

Privatización y negocio

Mientras tanto, grandes empresas, fondos de inversión y aseguradoras obtienen beneficios a costa de necesidades humanas fundamentales, como la salud, los cuidados y la atención a la vejez. Lo que debería estar garantizado como un derecho se transforma así en un mercado para enriquecer a unos pocos.

Al mismo tiempo, se intenta imponer la idea de que lo público es ineficaz, cuando en realidad su deterioro responde a decisiones deliberadas orientadas a justificar la privatización de servicios esenciales. Primero se debilita lo público; después se presenta su debilitamiento como excusa para entregarlo al negocio privado.

Qué defendemos cuando defendemos lo público

Defender los servicios públicos significa defender:

• La igualdad.
• La solidaridad.
• La justicia social.
• El derecho a cuidar y ser cuidados.
• Una vida digna para todas las personas.

Las personas mayores, en el centro

Esto es especialmente importante para las personas jubiladas. Las personas mayores no son una carga ni un problema que gestionar: son quienes sostuvieron esta sociedad con décadas de trabajo, cuidados y esfuerzo colectivo. Merecen vivir esta etapa de la vida con seguridad, atención, acompañamiento, autonomía y dignidad.

Una sociedad que abandona a sus mayores se degrada moral y socialmente.

Una sociedad que abandona a sus mayores, que mercantiliza sus cuidados o que convierte su bienestar en un privilegio para quien pueda pagarlo, se degrada moral y socialmente.

Ninguna persona mayor debería sufrir:

• Pobreza.
• Abandono.
• Soledad no deseada.
• Falta de atención.
• Exclusión por no poder pagar servicios privados.

Los cuidados no pueden depender del dinero de cada familia ni convertirse en un negocio. Cuidar y ser cuidado debe ser un derecho garantizado colectivamente, no una mercancía sometida a la capacidad de pago.

Reivindicaciones urgentes

Por eso reclamamos:

• Unos servicios sociales públicos, universales y de calidad.
• Una sanidad pública fuerte.
• Una atención digna a la dependencia.
• Residencias públicas suficientes y humanizadas.
• Apoyo a las personas cuidadoras.
• Pensiones públicas dignas.
• Inversión pública al servicio de la vida y no del beneficio privado.

Los derechos no se mendigan, no se privatizan y no se venden: se defienden, se organizan y se conquistan cada día.

Defender lo público es defender el bien común, la igualdad y la dignidad de la mayoría social.

Porque una sociedad se mide por cómo trata a quienes más necesitan apoyo, pero también por su capacidad para proteger lo que es de todos frente a quienes quieren convertirlo en negocio.

Y porque los derechos no se mendigan, no se privatizan y no se venden: se defienden, se organizan y se conquistan cada día.

Por ello seguiremos en la calle luchando, porque:

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS Y LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN