Las demoras de los PNC permiten que continúen las inversiones vinculadas al ejército en Myanmar

En 2024, organizaciones sindicales de Myanmar, junto con IndustriALL, presentaron denuncias en virtud de las Directrices de la OCDE ante los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) de Alemania, el Reino Unido y Polonia. Estos reclamos apuntan a las empresas New Yorker, Next Plc y LPP, y exigen una retirada responsable hasta que se restablezca la democracia en el país.

Sin embargo, los tres procesos de los PNC han excedido los plazos indicativos de la OCDE para la evaluación inicial en más de seis meses. IndustriALL ha proporcionado información valiosa para ayudar a los PNC a lograr la implementación por parte de las marcas. La falta de acción prolonga las vulneraciones de los derechos laborales y permite que se sigan realizando inversiones empresariales en Myanmar.

Las medidas de la OIT confirman la necesidad de poner fin a los vínculos comerciales

En la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio del año pasado, la OIT invocó el artículo 33 de su constitución contra el régimen militar de Myanmar, una medida extraordinaria reservada para las situaciones más graves.

La resolución de la OIT insta a los Gobiernos, las empresas y los trabajadores a revisar y poner fin a las relaciones que puedan permitir o prolongar las violaciones de la libertad sindical y el trabajo forzoso, incluso a través de los flujos financieros y las cadenas de suministro. Los pedidos de compra a las fábricas de Myanmar son precisamente el tipo de relación que el artículo 33 exige revisar.

No es posible ejercer una diligencia debida bajo un régimen militar

Desde el golpe de Estado, la mayoría de las grandes marcas de ropa de los países miembros de la OCDE han abandonado Myanmar o anunciado sus planes de hacerlo. Las que permanecen en el país se enfrentan a condiciones que hacen imposible ejercer una diligencia debida eficaz: las fábricas operan bajo la injerencia de la policía y el ejército, mientras que los trabajadores de las zonas industriales viven bajo la amenaza constante de ser procesados.

Diversas evaluaciones independientes así lo confirman. Una investigación encargada por la Iniciativa de Comercio Ético (Ethical Trading Initiative) reveló una ausencia casi total de infraestructuras de derechos humanos tras el golpe de Estado. Human Rights Watch ha documentado abusos generalizados y sistémicos. Por su parte, el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos (Business and Human Rights Resource Centre) sigue haciendo un seguimiento de las denuncias sobre derechos laborales en el sector de la confección.

La retirada responsable es la única respuesta válida

Las Directrices de la OCDE se actualizaron en 2023 para incluir el concepto de retirada responsable: cuando las empresas no pueden prevenir o mitigar los daños, es obligatorio poner fin a las relaciones comerciales.

Las marcas de ropa que siguen abasteciéndose en Myanmar deben desvincularse de forma responsable. Los PNC, al dejar que las denuncias sigan sin resolverse, permiten que continúe la inversión en una economía controlada por los militares y socavan las propias Directrices. La diligencia debida no puede aplicarse a punta de pistola. Hasta que se restablezca la democracia, la desinversión es la única vía compatible con las Directrices.

Atle Høie, el secretario general de IndustriALL, afirmó:

"Cinco años después del golpe, está claro que las empresas responsables no pueden operar bajo un régimen militar. Cuando los procesos de los PNC se estancan, no solo retrasan los resultados, sino que permiten que continúe la inversión en un contexto de represión y violaciones continuas de los derechos laborales. Hasta que se restablezca la democracia en Myanmar, la desinversión es la única respuesta válida y compatible con las Directrices."