09/17/2026 | Press release | Distributed by Public on 09/17/2026 16:38
Jueves, 17 de septiembre del 2026 - 16:59 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió los criterios de Rafael Serrano, especialista en derecho de nuevas tecnologías, en el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Serrano explicó que la constante evolución tecnológica representa un desafío para la regulación, debido a que las herramientas, plataformas y sistemas digitales cambian de manera permanente. Señaló que internet ha transformado a las personas no solo en receptoras de información, sino también en emisoras, ampliando las posibilidades de interacción y difusión de contenidos.
El especialista advirtió que estas herramientas también pueden ser utilizadas con fines ilícitos, entre ellos la captación de personas mediante engaños, falsas ofertas u otros mecanismos vinculados con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. A su criterio, la facilidad de difusión y el acceso masivo a las tecnologías incrementan los riesgos para distintos sectores de la población.
Uno de los principales aspectos abordados fue la brecha digital, tanto entre países como dentro de la propia sociedad. Serrano destacó que existen diferencias significativas en el conocimiento y manejo de las tecnologías entre generaciones y sectores sociales, por lo que consideró necesario desarrollar estrategias de prevención que contemplen estas realidades.
En este contexto, planteó que la educación digital debe constituirse en una herramienta fundamental de prevención y ser transversal a toda la sociedad. Señaló que las acciones no deben concentrarse únicamente en niños y adolescentes, sino también incluir a personas adultas mayores, quienes pueden enfrentar mayores dificultades para identificar contenidos engañosos o situaciones potencialmente delictivas.
Serrano también destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas vinculadas con información, telecomunicaciones, seguridad y justicia, con el propósito de impulsar procesos de capacitación y concientización que permitan identificar contenidos falsos, ofertas engañosas y posibles mecanismos de captación ilícita en medios digitales.
Para concluir, señaló que los delitos cometidos mediante tecnologías presentan características como la continuidad y la extraterritorialidad, pues sus responsables pueden encontrarse fuera del país y utilizar distintas plataformas o sistemas. Por ello, consideró fundamental fortalecer las capacidades de la Policía y la Fiscalía, promover unidades especializadas y facilitar la coordinación internacional para las investigaciones. Advirtió que medidas aisladas, como bloquear o dar de baja contenidos, pueden resultar insuficientes frente a actores que migran rápidamente hacia otros medios tecnológicos.
MEV