03/24/2026 | Press release | Distributed by Public on 03/24/2026 10:11
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Govern de la Generalitat de Catalunya han firmado hoy un convenio para reforzar la colaboración en materia de digitalización del servicio público de Justicia.
El acuerdo, suscrito por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, regula los medios tecnológicos que el Ministerio cede gratuitamente a Catalunya y facilita la adopción de nuevas herramientas desarrolladas por la Administración General del Estado.
El convenio se enmarca en el proceso de modernización y transformación que está impulsando el Ministerio para garantizar una Justicia del siglo XXI, más ágil y eficiente y con una arquitectura tecnológica común que permita aprovechar recursos públicos ya existentes. Con su firma, Catalunya se suma al modelo tecnológico que impulsa el Ministerio, como ya han hecho el Principado de Asturias, Canarias, La Rioja, Galicia, País Vasco y Navarra.
Una arquitectura común para una Justicia más ágil y digital
El convenio detalla que el Govern podrá utilizar desarrollos del Ministerio como la Carpeta Justicia, una plataforma online que permite consultar resoluciones, comprobar el estado de expedientes judiciales, descargar certificaciones, solicitar cita previa en Registros Civiles y órganos judiciales, etc.
El Ministerio también compartirá, entre otros, LexNet, la herramienta de comunicación electrónica entre tribunales y operadores jurídicos; DICIREG, la plataforma que permite tramitar los expedientes del Registro Civil vía online; o el Hub de Interoperabilidad, que facilita la remisión de expedientes judiciales electrónicos entre distintos órganos judiciales.
Asimismo, se compartirán aplicaciones para agilizar procesos gracias a la robotización o la inteligencia artificial. El Ministerio transferirá todas estas herramientas con soporte técnico, garantías de seguridad y documentación funcional completa.
Este modelo de cooperación permite también que la comunidad autónoma adapte y enriquezca los desarrollos con sus propias aportaciones, fomentando así un ecosistema compartido de innovación pública en el ámbito judicial.