Seguridad recoge propuestas para incorporar nuevas herramientas frente al crimen organizado y los delitos financieros

Lunes, 07 de septiembre del 2026 - 14:49 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Seguridad Integral avanzó en el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado Ley Antimafias, presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, con los aportes de los expertos en Derecho Penal Saulo Jaramillo y Daniela Escobar.

Jaramillo planteó incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) para prevenir y combatir el lavado de activos, incluir los activos digitales como objeto material de los delitos de corrupción pública y privada y delimitar el ámbito de actuación del organismo nacional de coordinación contra este delito. También recomendó revisar el alcance de las disposiciones sobre los denominados "delitos precedentes".

En relación con las figuras de colaborador externo y pertenencia funcional a una organización delictiva, propuso exigir elementos objetivos y suficientes que acrediten que la persona actuó de manera consciente y voluntaria y que su conducta contribuyó de forma relevante a la estructura criminal. El objetivo es evitar interpretaciones subjetivas y diferenciar actividades profesionales o socialmente adecuadas de aquellas que constituyen una participación delictiva.

Por su parte, Escobar sostuvo que la Fiscalía General del Estado debe demostrar tanto la existencia de la organización criminal como la responsabilidad individual de cada procesado. Señaló que no basta con probar que una conducta benefició a la estructura, sino que debe acreditarse el conocimiento de sus fines ilícitos, la voluntad de contribuir y el grado de participación.

La experta consideró que actividades como el asesoramiento jurídico, contable, financiero o tecnológico no deben convertirse en delito únicamente por beneficiar a una persona vinculada con una organización criminal. De igual manera, movilizar, abastecer, comunicar o realizar tareas de vigilancia pueden corresponder a actividades ordinarias y, por tanto, deben estar acompañadas de pruebas que acrediten el dolo.

Entre las propuestas constan incorporar el reconocimiento facial en tiempo real como técnica especial de investigación para delitos graves, bajo criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad; fortalecer el talento humano especializado del sistema de justicia; analizar la cooperación necesaria prevista en el artículo 42 del COIP; y avanzar en instrumentos internacionales sobre ciberdelincuencia, inteligencia artificial y derechos humanos.

En otro punto, la mesa legislativa recibió los testimonios de Carol Vázquez, representante de un grupo de perjudicados por la presunta captación ilegal de dinero de SBC Smart Capital C.A. y Capitalika Cía. Ltda., y de su abogado, Francisco Zamora, especialista en Derecho Penal.

Vázquez señaló que varios afectados lo denunciaron ante la Fiscalía General y organismos de control. Según indicó, los recursos habrían sido destinados a una empresa mexicana vinculada a un presunto esquema piramidal. Observó la falta de controles sobre depósitos de elevados montos y pidió apoyo para determinar el destino y recuperar el dinero.

Zamora cuestionó la capacidad preventiva de los organismos de control y señaló que el caso también es objeto de una investigación por un posible delito de lavado de activos. Alertó que el uso de activos virtuales puede dificultar el rastreo de los recursos y planteó fortalecer las capacidades de la Fiscalía y cerrar vacíos legales frente a nuevas modalidades de criminalidad financiera.

Finalmente, solicitó a la Comisión ejercer sus facultades de fiscalización y requerir información a las superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, así como a la Fiscalía, para fortalecer las reformas legales.

JC